• Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía. se ha especializado en planificación fiscal, así como en litigios en el área tributaria.
  • Nuestra trayectoria en este campo se inicia desde las primeras concesiones petroleras otorgadas a compañías extranjeras. Es interesante destacar que la participación financiera del gobierno en el negocio petrolero era a través del poder impositivo del Estado, y esto fue así hasta que se nacionalizó la industria petrolera. Como consejeros, primero, de algunas de las antiguas concesionarias y, después, de varias de las compañías nacionalizadas, hemos participado activamente en la evolución de las leyes fiscales simplemente a través de la defensa de los casos de nuestros clientes.
  • En materia de planificación tributaria, ayudamos a nuestros clientes a organizar sus actividades de la manera más ventajosa. Varios de nuestros abogados son miembros permanentes de comités financieros, de auditoría y de contabilidad que han establecido internamente algunos de los clientes más grandes para analizar asuntos fiscales y relacionados. Adicionalmente, es nuestra costumbre, al estructurar toda clase de transacciones, prestar especial atención a sus consecuencias fiscales.
  • En relación a los litigios del área tributaria, Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía. ha acumulado una extensa experiencia, siendo rutina para nosotros defender los intereses de nuestros clientes en el proceso administrativo que debe seguir la Administración Tributaria en Venezuela para formular un reclamo contra el contribuyente. Este proceso, que incluye cierto nivel de negociación así como una oposición razonada, es la primera fase de cualquier disputa fiscal. Cuando no es posible solucionar el problema en este nivel, manejamos el proceso de recursos administrativos y, si es necesario, pasamos a defender el caso ante los tribunales competentes y, eventualmente, el Tribunal Supremo de Justicia. En 1999 el Escritorio Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía., por iniciativa propia, intentó un recurso y obtuvo un importante logro en una decisión clave de la Corte Suprema de Justicia en relación con el artículo 59 del Código Orgánico Tributario. La Corte aceptó los argumentos de que la acumulación de intereses de mora al 12% anual, conjuntamente con la actualización monetaria de los impuestos causados, violaban el derecho constitucional de propiedad y podían ser considerados confiscatorios.

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